Las personas migrantes no son solo beneficiarias – AidConnect | Portfolio Profesional de Mohammed Laaouej

Cómo compartir decisiones para mejorar los programas de inclusión

En España, más de una de cada cinco personas residentes ha nacido en el extranjero. Sin embargo, numerosos programas de inclusión todavía tratan a las personas migrantes principalmente como receptoras de servicios. Mi tesis es sencilla: la participación solo es significativa cuando puede influir en el diagnóstico, el diseño, la ejecución o la evaluación. El conocimiento técnico sigue siendo imprescindible, pero mejora cuando se combina con el conocimiento territorial y la experiencia de quienes atraviesan el sistema.

España ha cambiado; la gobernanza de los programas también debe cambiar

A 1 de julio de 2026, España contaba con 49.801.559 habitantes. De ellos, 10.291.807 habían nacido en el extranjero: el 20,67 % de la población residente, según la Estadística Continua de Población del INE. Lugar de nacimiento y nacionalidad no son equivalentes, pero ambas variables muestran que la diversidad forma parte de la realidad estructural del país.

El mercado laboral aporta otra señal. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad de la población de nacionalidad extranjera fue del 69,63 %, frente al 57,50 % de la española. El propio INE explica que la diferencia se debe fundamentalmente a la estructura por edades. La tasa incluye tanto a personas ocupadas como a quienes buscan empleo; por tanto, no mide por sí sola integración ni calidad del trabajo. Sí permite rechazar la imagen de una población pasiva: existe una participación laboral elevada y una voluntad visible de incorporarse a la vida económica.

Ante esta realidad, la pregunta «¿qué necesita esta persona?» resulta insuficiente. Debe acompañarse de otras dos: «¿qué barreras encuentra?» y «¿qué capacidades, conocimientos y redes puede aportar para reducirlas?». El cambio no es solo semántico: afecta a la gobernanza, a la composición de los equipos, al presupuesto y a la evaluación.

El coste de diseñar para las personas, pero sin las personas

Un programa puede cumplir todas sus actividades y, aun así, no mejorar la inclusión. Puede impartir cien horas de español sin aumentar la autonomía; abrir un canal de quejas que no se percibe como seguro; ofrecer orientación laboral en horarios incompatibles con empleos precarios; o traducir folletos sin comprobar si el trámite funciona para quien carece de certificado digital, empadronamiento estable o red de apoyo.

La investigación de AESCO sobre vivienda, reseñada por OBERAXE en 2025, muestra el valor de escuchar de forma directa. Combinó una encuesta nacional a más de mil personas migrantes extracomunitarias de 18 a 65 años con entrevistas y grupos focales. Así identificó barreras económicas, exigencias del mercado, discriminación, estafas, desinformación, obstáculos administrativos, alejamiento de redes de apoyo y situaciones de hacinamiento. Una ficha de atención social difícilmente revela por sí sola toda esa experiencia.

La participación no garantiza automáticamente un buen programa, pero puede mejorar el diagnóstico, anticipar barreras de acceso y explicar por qué una persona abandona un itinerario antes de atribuirlo a «falta de motivación». Marcos como el Core Humanitarian Standard 2024 vinculan la calidad y la rendición de cuentas con relaciones más equitativas, mecanismos de queja y uso sistemático de la retroalimentación. En inclusión social, estos principios deben adaptarse al marco jurídico y territorial español.

Lo que aprendí gestionando organizaciones y viviendo la migración

Mi convicción no nace únicamente de mi proceso migratorio en España. Durante más de trece años he trabajado en educación, tecnología, discapacidad y acción humanitaria. En África Occidental asumí responsabilidades de dirección y coordinación sobre equipos de más de 300 colaboradores, cinco centros socioeducativos y proyectos de salud, agua, educación, protección y respuesta a emergencias que alcanzaron a más de 70.000 personas.

En esos contextos aprendí que una solución técnicamente correcta puede ser operativamente inútil si la comunidad no la reconoce como propia. Un pozo no es sostenible solo porque esté bien construido: necesita reglas comprensibles, mantenimiento, mecanismos para resolver conflictos y participación de mujeres y grupos que suelen quedar fuera de la decisión. Un centro educativo no mejora solo con más actividades; necesita escuchar a familias, alumnado y personal para comprender el absentismo y detectar exclusiones no previstas.

Esa lección es aplicable a los programas de inclusión en España. Las personas participantes pueden aportar conocimiento situado sobre la distancia entre la norma y la vida cotidiana: qué información no llega, qué palabras generan desconfianza, qué intermediarios resultan creíbles, qué horario excluye a las empleadas de hogar internas o qué requisito bloquea a quien todavía no domina el idioma. Ninguna persona representa por sí sola a «los migrantes»; por eso la diversidad de voces es tan importante como la participación.

De la información a la corresponsabilidad: cinco niveles

No toda participación distribuye influencia. Validar una decisión ya tomada no equivale a codiseñar. Propongo esta escala como adaptación propia, inspirada en la rendición de cuentas ante poblaciones afectadas, el CHS 2024 y la gobernanza intercultural:

Nivel	Qué hace la organización	Papel de la persona migrante
1. Información	Comunica servicios, derechos, límites y decisiones.	Recibe información accesible y comprensible.
2. Consulta	Recoge opiniones antes o después de actuar.	Explica barreras, capacidades y valoración del servicio.
3. Codiseño	Define con la comunidad objetivos, actividades y criterios abiertos a modificación.	Participa en prioridades y soluciones.
4. Cogestión	Comparte funciones, recursos adaptables y seguimiento.	Actúa como profesional, mediador, mentor o entidad socia.
5. Evaluación y rendición de cuentas	Devuelve resultados, responde a quejas y corrige el programa.	Contrasta los cambios y participa en decisiones de continuidad.

Tres referencias españolas y europeas

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) es un órgano estatal de consulta, información y asesoramiento. Su composición incorpora administraciones, asociaciones de inmigrantes y refugiados y organizaciones sociales. Ofrece un referente de participación institucional, aunque la existencia de un órgano consultivo no garantiza por sí sola que sus propuestas influyan en cada política o proyecto local.

El proyecto EU-Belong, iniciado en 2022, probó un modelo en diez regiones de siete países, entre ellas Cataluña y Navarra. Combinó evaluación del contexto regional, marcos multiactor, codiseño de soluciones y proyectos piloto. Su valor reside tanto en los resultados como en el método: adaptar la inclusión a cada territorio y aprender durante la ejecución.

El Informe Anual 2025 del FISI propone integrar a jóvenes de origen migrante como miembros activos en consejos de juventud, mesas de convivencia, presupuestos participativos y comités de políticas públicas. La dirección es clara: pasar de invitar a una actividad a abrir espacios de influencia.

Cómo convertir la participación en una práctica de gestión

1. Diagnosticar con la comunidad, no sobre ella

Antes de redactar el proyecto, conviene combinar datos disponibles con entrevistas breves, grupos focales y mapeos de barreras. La selección debe incluir perfiles diversos —por edad, género, trayectoria, discapacidad, situación laboral y territorio— sin pretender que una sola persona represente al conjunto. Cuando se solicita una contribución intensiva o especializada, debe preverse una compensación proporcionada y compatible con las reglas aplicables.

2. Definir qué decisiones están realmente abiertas

La organización debe explicar desde el inicio qué puede modificarse, quién decide y qué límites existen. Horarios, canales de comunicación, materiales o actividades suelen admitir codiseño. Los criterios de elegibilidad, determinadas derivaciones o partidas presupuestarias pueden estar fijados por una norma, una subvención o un contrato. Compartir decisiones exige honestidad sobre esos límites y una respuesta motivada cuando una propuesta no se acepta.

3. Contratar talento migrante en funciones sustantivas

Las personas migrantes pueden desempeñar funciones de mediación intercultural, orientación, análisis de datos, coordinación, comunicación, seguimiento o evaluación. La experiencia vivida aporta valor, pero no justifica empleo precario ni voluntariado permanente. Debe combinarse con competencias profesionales, selección transparente, responsabilidades definidas y remuneración justa.

4. Crear canales seguros y cerrar el ciclo

Una encuesta de satisfacción no equivale a rendición de cuentas. El programa debe ofrecer canales accesibles —presencial, teléfono, mensajería o formulario—, explicar la confidencialidad, permitir quejas sin represalias y comunicar qué cambió. Si una propuesta se rechaza, también debe explicarse el motivo. La confianza crece cuando la organización responde y aprende.

5. Evaluar autonomía, influencia y pertenencia

Contar asistentes acredita actividad, no inclusión. Conviene medir si las personas ejercen derechos con mayor autonomía, acceden a empleo o servicios, amplían redes, influyen en decisiones y desarrollan sentido de pertenencia. La desagregación debe limitarse a variables necesarias y contar con una base jurídica adecuada, medidas de seguridad y resultados agregados o anonimizados, conforme al RGPD y a la normativa española de protección de datos.

Indicadores para responsables de programas

Porcentaje de participantes que intervino en el diagnóstico y el codiseño.
Número y diversidad de personas migrantes con funciones remuneradas o capacidad de decisión.
Porcentaje de propuestas comunitarias aceptadas, adaptadas o rechazadas con respuesta motivada.
Tiempo medio de respuesta a consultas y quejas, y porcentaje de casos cerrados.
Tasa de abandono y diferencias relevantes entre grupos, solo cuando la desagregación sea necesaria, legítima y segura.
Cambios en autonomía: trámites, empleo, formación, vivienda o acceso a servicios sin apoyo intensivo.
Percepción de trato digno, confianza, influencia y pertenencia antes y después del programa.

Ejemplo: un itinerario de empleo en Murcia

Imaginemos un itinerario de inserción laboral en la Región de Murcia. El modelo convencional comienza con talleres de currículum, competencias digitales y entrevistas. Un enfoque participativo empezaría comprobando las barreras locales: homologación, transporte entre municipios, horarios agrícolas, cuidados familiares, idioma sectorial, discriminación o documentación.

Un grupo asesor diverso, formado por participantes y antiguos usuarios, podría revisar el calendario y los materiales. Empresas, profesionales de orientación, mediadores y personas migrantes podrían codiseñar prácticas y mentorías. El seguimiento mediría no solo contratos conseguidos, sino también estabilidad, ajuste entre cualificación y puesto, condiciones laborales y capacidad para mantener el empleo.

Mover un taller, simplificar una instrucción, facilitar transporte o revisar un criterio operativo puede evitar que recursos bien intencionados terminen en actividades inaccesibles. Además, incorporar a antiguos participantes como mentores remunerados puede ampliar las redes y el capital social del territorio.

Lo que este enfoque exige a las organizaciones

Compartir influencia obliga a revisar la cultura institucional. La dirección debe aceptar información incómoda, los equipos deben registrar y corregir fallos, y la financiación debe permitir adaptaciones. También hay que evitar la participación meramente simbólica o tokenismo: recurrir siempre a la persona más disponible o cercana a la entidad produce una representación cómoda, pero posiblemente poco diversa.

La buena participación combina conocimiento técnico, territorial y vivido. El profesional aporta normativa y método; la administración, competencias y recursos; y las personas participantes, experiencia concreta del sistema. Ningún saber debe silenciar a los demás. La organización conserva sus responsabilidades legales y técnicas, pero mejora sus decisiones cuando explica los límites, documenta la influencia y rinde cuentas sobre el resultado.

Conclusión: integrar también es compartir capacidad de decidir

La inclusión no consiste en adaptar indefinidamente a una persona a estructuras que nunca revisamos. También implica permitir que contribuya a mejorarlas.

Después de dirigir equipos y programas complejos y de vivir la migración en España, he llegado a una conclusión práctica: la participación bien diseñada no sustituye el criterio profesional; lo somete a contraste. Puede evitar errores costosos, revelar barreras invisibles y ampliar la rendición de cuentas ante participantes y financiadores.

El cambio decisivo aparece cuando dejamos de preguntar solo «¿a cuántas personas atendimos?» y añadimos «¿en qué decisiones influyeron y qué cambió gracias a esa influencia?». Entonces, la persona migrante deja de ocupar únicamente una silla frente al servicio y pasa a formar parte de la mesa donde se diseña. Para cualquier organización, esa es la pregunta final de auditoría: ¿qué decisión concreta cambió gracias a la participación?