Lo que aprendí dirigiendo programas humanitarios y lo que comprendí al reconstruir mi vida profesional como migrante en España
Durante años trabajé en un lado de la mesa: el de quien diseña programas, coordina equipos, administra recursos y rinde cuentas sobre la respuesta a personas en situación de vulnerabilidad. En Marruecos y Guinea dirigí equipos multidisciplinares y programas de educación, salud, agua, protección y apoyo social. Aprendí a pensar en diagnósticos, indicadores, derivaciones, seguimiento y estrategias de salida.
Después migré a España por circunstancias personales, de salud y de contexto social. Sin dejar de ser el profesional que había sido, conocí el otro lado de la mesa: el de quien espera, presenta documentos, intenta comprender un sistema nuevo y necesita convertir información dispersa en un itinerario practicable. Viví la incertidumbre administrativa, el aprendizaje del idioma y la necesidad de volver a acreditar capacidades construidas durante años.
Esta experiencia no me autoriza a generalizar a partir de un solo recorrido. Sí me permite formular mejores preguntas. Una de ellas es especialmente importante: ¿medimos la inclusión por los servicios prestados o por la capacidad creciente de la persona para decidir, trabajar, relacionarse y ejercer sus derechos con menos intermediación?
España cuenta con organizaciones sociales y profesionales que sostienen una parte esencial de la acogida y la inclusión. Acompañan trámites, previenen situaciones de exclusión, facilitan el aprendizaje del castellano y conectan a las personas con empleo, formación y servicios públicos. También trabajan con plantillas sobrecargadas, financiación finalista, plazos breves y competencias limitadas. Reconocerlo no impide revisar los programas; hace que la revisión sea más justa y útil.
La evidencia oficial muestra que el reto no es menor. El Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023–2027 propone una actuación integral, flexible y transversal. Su sistema de seguimiento identifica desigualdades persistentes en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, el acceso a servicios y la participación. El Gobierno informó en febrero de 2025 de que, según la situación registrada en 2023, solo seis comunidades autónomas contaban con planes de integración y convivencia y tres con estrategias específicas contra el racismo y la xenofobia. El dato no describe necesariamente la situación actual de cada territorio, pero sí refleja una capacidad institucional desigual.
Desde esta doble perspectiva, propongo cuatro cambios de diseño.
1. Del catálogo de servicios al acceso efectivo
Muchos itinerarios se construyen a partir de la oferta disponible: orientación jurídica, curso de idioma, apoyo material, taller de empleo y derivación. Cada atención puede quedar registrada y, aun así, no traducirse en acceso. La cita puede tardar, el recurso puede exigir documentos que todavía no se poseen o el desplazamiento puede ser inviable.
Lo viví con claridad: recibir una dirección, un teléfono o una cita no equivale a resolver el problema. Entre una entidad y la siguiente aparecen requisitos, tiempos de espera, costes de transporte, lenguaje administrativo y temor a equivocarse. Ese espacio también debe formar parte del diseño.
La respuesta no consiste en atribuir a una ONG competencias que corresponden a las Administraciones. Consiste en acordar con la persona un plan de inclusión que identifique prioridades, responsables y puntos de bloqueo; comprobar el acceso efectivo después de una derivación; y mantener una coordinación territorial que respete el consentimiento y la protección de datos. Los hitos pueden revisarse a corto, medio y largo plazo, sin imponer el mismo calendario a situaciones jurídicas y familiares diferentes.
2. De las carencias a las capacidades
La primera atención debe identificar necesidades urgentes, pero no puede detenerse ahí. Estudios, experiencia formal e informal, idiomas, competencias digitales, liderazgo, cuidados y conocimiento intercultural también forman parte del punto de partida.
La OCDE señala que las personas migrantes contribuyeron aproximadamente al 45 % del crecimiento neto del empleo en España en años recientes, a la vez que persisten el subempleo, la sobrecualificación y barreras a la progresión profesional. En el conjunto de la OCDE y la UE, alrededor de un tercio de las personas nacidas en el extranjero, ocupadas y con estudios superiores trabaja en puestos por debajo de su cualificación; en la UE, la brecha respecto a la población nacida en el país alcanza unos doce puntos porcentuales.
Conocer el fenómeno en una estadística es una cosa; experimentar la pérdida temporal de reconocimiento profesional es otra. Yo llegué con años de dirección y gestión de equipos, pero tuve que reconstruir credibilidad en un contexto nuevo. Por eso considero que la primera entrevista debe preguntar tanto «¿qué necesita ahora?» como «¿qué sabe hacer, qué responsabilidad ha asumido y qué quiere recuperar o construir?».
Cuando sea necesario, pueden abrirse dos vías en paralelo: una orientada a obtener ingresos y estabilidad inmediata y otra a recuperar o reorientar la trayectoria profesional. Esta segunda vía puede incluir, según cada caso, homologación o equivalencia de títulos, acreditación de competencias, formación breve y específica, prácticas, mentoría y contacto con empresas. El primer empleo puede ser un puente; no debería convertirse, por falta de orientación, en un techo permanente.
3. De la adaptación individual a la transformación del entorno
El aprendizaje del castellano es una infraestructura de autonomía. Además de la formación general, conviene practicar tareas concretas: explicar síntomas, comprender una nómina, interpretar una notificación, hablar con el centro educativo o presentar una trayectoria profesional. El progreso lingüístico puede evaluarse también por aquello que la persona consigue hacer de manera autónoma.
Pero no todo depende de su esfuerzo. La discriminación, las barreras digitales, el desconocimiento de títulos extranjeros y la falta de vivienda asequible no se resuelven únicamente con motivación. Un estudio promovido por OBERAXE estimó en 17.000 millones de euros —el 1,3 % del PIB— el impacto económico de las desigualdades laboral y educativa atribuibles a discriminación hacia la población extranjera, a partir de datos de 2022. Es una estimación, no una medición contable directa, pero ayuda a dimensionar el coste de desaprovechar capacidades.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también ha documentado discriminación en el empleo y la vivienda entre personas afrodescendientes de trece países europeos, incluida España. Ese estudio no representa a toda la población migrante española, pero confirma que la intervención no puede limitarse a preparar mejor a quien solicita una oportunidad.
Las entidades pueden trabajar con empresas en selección basada en competencias, calidad y permanencia del empleo; establecer protocolos de detección y derivación ante discriminación; y trasladar a las Administraciones barreras recurrentes. En vivienda, su margen suele ser de información, mediación, acompañamiento e incidencia. La oferta asequible, la garantía de derechos y la simplificación administrativa requieren responsabilidad pública.
4. De contar actividades a aprender de los resultados
Personas atendidas, talleres, horas y derivaciones son datos necesarios para gestionar y rendir cuentas, pero no bastan para demostrar inclusión. Los sistemas de financiación pueden generar efectos no deseados cuando premian el volumen y los plazos cortos sin considerar la complejidad de los casos o la sostenibilidad de los cambios.
Un cuadro de mando reducido podría combinar seis dimensiones: acceso efectivo a derechos y servicios; avance hacia empleo o formación coherente con un objetivo profesional; permanencia y calidad del empleo; castellano funcional; estabilidad residencial; y autonomía en trámites y relaciones fuera del circuito asistencial. Cada indicador necesita una línea de base, una meta razonable y un seguimiento proporcionado. Los datos deben desagregarse cuando sea útil y seguro, evitando categorías que identifiquen o estigmaticen a personas.
La participación también forma parte de la calidad. Un cuestionario de satisfacción no equivale a coproducción. Las personas que utilizan un servicio pueden contribuir a revisar horarios, materiales, requisitos, canales de queja e indicadores. Cuando se solicite una participación sostenida o experta, debe valorarse su remuneración y evitar que la experiencia vivida se utilice de forma extractiva. La contratación de profesionales de origen migrante en funciones técnicas y de responsabilidad es otra vía para incorporar conocimiento, siempre sin convertir el origen en su única cualificación.
Autonomía no significa retirada prematura
La idea de autonomía puede utilizarse mal si sirve para cerrar un apoyo por calendario o trasladar a la persona toda la responsabilidad. No propongo eso. Hay situaciones de protección, salud, discapacidad, cuidados o inseguridad jurídica que requieren acompañamiento prolongado. También debe existir la posibilidad de volver cuando aparece una crisis.
La transición adecuada puede expresarse así: primero lo hacemos contigo; después lo haces con apoyo; finalmente lo haces de forma autónoma y sabes dónde acudir si vuelve a ser necesario. El objetivo no es que una organización desaparezca de la vida de una persona a toda costa, sino que su intervención amplíe capacidades, derechos, seguridad y redes sin crear dependencias evitables.
Conclusión
Mejorar los programas de inclusión no empieza siempre con más actividades. Empieza preguntando qué transición concreta se quiere lograr, qué parte depende de la persona, cuál corresponde a la entidad y qué barreras requieren una respuesta pública o del entorno receptor.
Es injusto responsabilizar a las ONG de los retrasos administrativos, la precariedad laboral o la crisis de vivienda. Al mismo tiempo, las organizaciones conservan un margen importante para diseñar mejor: descubrir capacidades además de necesidades, comprobar el acceso efectivo, coordinar sin invadir la privacidad, escuchar a las personas participantes y medir resultados que importen en su vida cotidiana.
He conocido la intervención social desde la responsabilidad de gestionar y desde la vulnerabilidad de esperar. Esa doble experiencia no ofrece respuestas automáticas, pero sí una convicción: la inclusión avanza cuando la persona dispone de más seguridad jurídica, capacidad de comunicación, ingresos, relaciones y oportunidades para elegir y contribuir sin renunciar a su dignidad ni a la experiencia construida antes de llegar.
La pregunta útil para cada programa es sencilla: después de nuestra intervención, ¿qué puede hacer, decidir o reclamar esta persona que antes no podía?
Sobre el autor
Mohammed Laaouej es especialista en gestión de programas humanitarios y sociales, con más de trece años de experiencia en liderazgo, formación y coordinación institucional en Marruecos y Guinea. Tras migrar a España, incorporó a su trayectoria la experiencia directa de reconstruir un itinerario personal y profesional. Su trabajo se centra en gestión de programas, medición de resultados, desarrollo de capacidades e inclusión.
Fuentes seleccionadas
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / OBERAXE. Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023–2027: https://www.inclusion.gob.es/web/oberaxe/w/migrated-marco-estrategico-de-ciudadania-e-inclusion-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-2023-2027-
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Radiografía de avances y retos en convivencia e inclusión, 19 de febrero de 2025: https://www.inclusion.gob.es/w/el-gobierno-presenta-una-detallada-radiografia-de-los-avances-y-retos-en-materia-de-convivencia-e-inclusion-de-la-poblacion-migrante-1
- OCDE. OECD Economic Surveys: Spain 2025, capítulo sobre el potencial laboral de las personas migrantes: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-spain-2025_abc5c435-en/full-report/better-harnessing-the-labour-market-potential-of-older-workers-and-migrants_7c035025.html
- OCDE y Comisión Europea. Indicators of Immigrant Integration 2023: Settling In: https://www.oecd.org/en/publications/indicators-of-immigrant-integration-2023_1d5020a6-en/full-report/component-8.html
- OBERAXE. Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España, datos de 2022:
- Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Being Black in the EU, 2023: https://fra.europa.eu/en/publication/2023/being-black-eu
